Cuba
Informe Anual de Amnistía Internacional denuncia represión y discriminación muy extendida en Cuba
Amnistía Internacional publicó el martes en la noche su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual advierte que en Cuba continuó el año pasado “la represión de la disidencia mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas, integrantes de la oposición política y periodistas”.
“Se pusieron trabas y se atacó a defensores y defensoras de los derechos humanos, que en algunos casos seguían en prisión sin el debido proceso”, precisó el documento al inicio del capítulo acerca de Cuba.
Además, en la isla continuó “la crisis humanitaria y económica, y hubo escasez de alimentos, combustible y electricidad”.
Acerca de la discriminación, Amnistía indicó que siguió estando muy extendida y afectó a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas.
Al analizar el contexto político de la nación, Amnistía recalcó que Cuba “carecía de una institución nacional de derechos humanos conforme con los Principios de París”.
“El país seguía cerrado a las organizaciones internacionales de derechos humanos y los medios de comunicación internacionales encontraban impedimentos para hacer el seguimiento de los juicios de disidentes de la esfera política”, señaló.
En noviembre, la Unión Europea y Cuba mantuvieron su cuarto diálogo sobre derechos humanos, “en el que la UE expresó preocupación por las detenciones y las largas condenas de prisión relacionadas con las protestas de julio de 2021”.
En 2023 se implementó un nuevo Código Penal “que mantenía la pena de muerte, así como disposiciones que limitaban los derechos humanos y se utilizaban para acallar y encarcelar a activistas”, destacó el informe.
Disidentes y manifestantes en la cárcel
Acerca de la represión a la disidencia, Amnistía denunció que la vigilancia y el hostigamiento de activistas, opositores, periodistas y artistas seguían siendo generalizados. “La detención arbitraria y los procesos penales sin las debidas garantías continuaban siendo prácticas habituales, y quienes se encontraban en situación de privación de libertad soportaban duras condiciones penitenciarias”.
Amnistía citó estudios de la organización Justicia 11J, el cual dijo que al menos 793 personas seguían detenidas en relación con su participación en las protestas que se habían celebrado en toda la isla el 11 de julio de 2021.
El 6 de mayo, “el gobierno reaccionó con fuerza excesiva ante la protesta por las malas condiciones de vida y la falta de derechos humanos que tuvo lugar en el municipio de Caimanera, Guantánamo. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizaron violencia física contra quienes participaban en el acto, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la detención arbitraria de al menos cinco manifestantes y condenó la existencia de una constante represiva”.
El 26 de mayo, el órgano legislativo cubano “aprobó una ley sobre comunicación social que mantenía la prohibición de los medios de comunicación de propiedad privada y establecía restricciones excesivas en relación con la información pública y el uso de Internet”.
Esa ley, advirtió Amnistía, otorgaba al gobierno facultades “para ordenar a los operadores de telecomunicaciones que dejaran de prestar sus servicios a quienes publicaran información que se considerara perjudicial para el orden público o la moralidad”.
“José Daniel Ferrer García, activista político y líder opositor que lleva detenido desde julio de 2021 —fecha en la que también había sido sometido a desaparición forzada—, estuvo recluido en régimen de incomunicación mientras su salud se deterioraba. Al concluir el año, continuaba privado de libertad”, agregó el informe.
Otro problema en Cuba el año pasado es que “era habitual que la policía citara a interrogatorio a periodistas y activistas en relación con sus actividades lícitas”.
Por ejemplo, en mayo de 2023, el periodista Yeris Curbelo Aguilera “fue interrogado por agentes de la seguridad del Estado” tras haber informado sobre las protestas en Caimanera.
Otros presos políticos
El 14 de febrero, agentes de seguridad del Estado “detuvieron en su domicilio de La Habana a Josiel Guía Piloto, que ya había estado recluido de forma arbitraria en 2011 por ejercer la disidencia política”.
El gobierno mantuvo recluidos a los artistas y presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel ‘Osorbo’ Castillo Pérez, “que habían sido condenados en 2022 a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, en un proceso judicial sin las debidas garantías”.
Asimismo, las autoridades “rechazaron la recomendación del personal médico gubernamental de excarcelar a Loreto Hernández García por motivos de salud. Su esposa Donaida Pérez Paseiro y él —ambos, activistas negros, sacerdotes y líderes de la asociación Yorubas Libres de Cuba— eran presos de conciencia y llevaban detenidos desde 2021 por su participación pacífica en las protestas que se habían celebrado en toda la isla”.
Crisis humanitaria
"La población tenía dificultades para conseguir alimentos suficientes, la escasez de combustible redujo la accesibilidad del transporte y se produjeron apagones constantes durante todo el año", explicó la organización.
“El gobierno declaró en mayo que la crisis económica afectaba a las importaciones esenciales de combustible, alimentos y productos agrícolas, y reiteró la situación crítica en septiembre, cuando se pronosticaron más apagones”, señaló el informe.
Amnistía citó en este contexto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual expresó en abril su preocupación sobre los derechos laborales y sindicales en Cuba y concluyó “que había problemas importantes, entre ellos la inseguridad del empleo, la falta de medidas de higiene y seguridad, despidos injustificados por motivos de opinión política, vulneraciones de la libertad de asociación y la falta de reconocimiento del derecho a la huelga”.
Discriminación, racismo y violencia de género
Al concluir el capítulo sobre la situación en Cuba, afirmó que persistía la discriminación, “que afectaba especialmente a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas”.
“La población afrodescendiente seguía sufriendo las consecuencias del racismo histórico y sistémico. Hubo activistas que denunciaron la persistencia de las desigualdades raciales, lo que provocaba disparidad entre grupos raciales en la representación política, el acceso a una vivienda adecuada y el empleo, entre otros derechos”, informó Amnistía.
A pesar de esta situación, “el gobierno no recopiló ni publicó datos sobre las desigualdades raciales desglosados por raza y etnia”.
Además, “continuaba la discriminación por motivos de género” y la Legislatura “no incluyó el femicidio como delito en el Código Penal”, pese a que las ONG y la prensa independiente denunciaron la muerte de al menos 86 mujeres “en lo que aparentemente fueron agresiones por motivos de género”.
Otras declaraciones sobre Cuba
A inicios de abril, la organización publicó online el libro Imágenes de Rebeldía, el cual aborda la lucha pacífica por la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Se trata de "un testimonio vibrante de la resistencia cívica en Cuba junto a una selección emotiva de las más de 21 mil cartas y dibujos de apoyo global recibidas por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, en el marco de una campaña coordinada por Amnistía Internacional por su liberación", indicó Amnistía.
"La obra muestra los momentos inspiradores de movilización desde finales de 2020 hasta las protestas de julio de 2021, así como la severa represión gubernamental y las historias de cinco personas presas de conciencia; José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo, Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. Este libro también es un llamado a la acción, que invita a las y los lectores a sumergirse en las poderosas historias detrás de cada imagen y a unirse a la demanda por una #CubaSinRepresión", escribió la organización.
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Ley bipartidista propone documentar restricciones totalitarias a Internet y pone a Cuba de ejemplo
La congresista republicana María Elvira Salazar y la representante demócrata Sara Jacobs proponen documentar las restricciones que hacen los regímenes totalitarios al uso de Internet en los informes de derechos humanos.
La Ley bipartidista de Libertad Global en Internet (H.R. 8309) requeriría que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluya abusos de la libertad en Internet, incluido el corte de servicios de Internet, el bloqueo de sitios web, sitios de redes sociales y aplicaciones, y la participación en otras formas de represión digital, en sus informes nacionales anuales sobre derechos humanos.
“Los gobiernos totalitarios en América Latina dependen de cortar el acceso a Internet para perpetuar su opresión, tal como lo hizo el régimen cubano durante las protestas del 11 de julio (de 2021) y continúa haciéndolo cada vez que el pueblo cubano pide libertad”, expresó en un comunicado la cubanoamericana Salazar.
“Con la libertad global en Internet disminuyendo por decimotercer año consecutivo, Estados Unidos debe garantizar que tengamos información precisa sobre cómo los países están restringiendo el acceso de sus ciudadanos a Internet. La Ley Global de Libertad en Internet nos brinda esa información”, agregó la representante por la Florida.
Por su parte Jacobs manifestó que en el siglo XXI, la libertad en Internet es un derecho humano y que "es esencial obtener noticias e información sobre eventos actuales, conectarse con sus seres queridos, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios electos y mucho más”.
La representante demócrata por California recordó que "lamentablemente, decenas de países practican la censura y la represión en línea o imponen castigos draconianos por la actividad en línea, sofocando la libertad de expresión de las personas y su capacidad para conectarse e interactuar con otros".
Además alertó que la Inteligencia Artificial plantea riesgos nuevos y mayores para la libertad en Internet, al permitir a los gobiernos emprender campañas de desinformación en línea y vigilar y censurar la expresión en línea, los sitios web y las plataformas de redes sociales.
Según explican ambas representantes, su propuesta incluiría que los informes de derechos humanos describan los abusos a la libertad en Internet, incluidas las barreras al acceso a Internet, las restricciones indebidas a la expresión en línea y las violaciones indebidas de la privacidad en línea.
El derecho a Internet fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como derecho humano el 4 de julio de 2018 y considera que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son elementos clave para la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet.
El documento oficial reconoció los derechos de las personas a estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Uruguay abre vía para legalizar a miles de inmigrantes, la mayoría cubanos
El gobierno de Uruguay permitirá que unos 20.000 migrantes, en su mayoría cubanos y dominicanos, pueda regularizar su estatus a través del "Programa de Residencias por Arraigo".
De acuerdo con Soledad Sánchez, coordinadora de la Dirección Nacional de Migración, se trata de “un nuevo tipo de residencia”, que se obtiene por arraigo laboral, trabajo por cuenta propia o arraigo familiar. El decreto contempla además una residencia temporaria renovable de arraigo para formación.
Las personas que obtengan esta nueva figura legal podrán luego tramitar la ciudadanía legal, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, en una rueda de prensa realizada este jueves
El funcionario señaló que el decreto representa una “solución transitoria”, que también resuelve la posibilidad de reunificación familiar pero advirtió que tampoco se trata de una política para atraer migrantes.
"Por ahora no es una solución definitiva. Por lo tanto, no es 'vengan, que esto funciona automáticamente'", dijo.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou escuchó el reclamo de la sociedad civil, específicamente las comunidades de cubanos y dominicanos que piden refugio pero luego no cuentan con elementos para probar sus casos, acotó Sánchez.
Cubanos en Uruguay reaccionan a la medida
“Es una gran oportunidad para personas como yo que llevamos meses en Uruguay sin posibilidades de legalizarnos ni hacer la ruta hacia Estados Unidos”, dijo Arianne Martínez, una cubana que emigró al país en 2023 tras cruzar la selva amazónica desde Guyana.
"La mayoría de nosotros queremos estabilizarnos y ayudar a nuestra familia”, añadió.
Uruguay se ha convertido en uno de los países con más emigración cubana en la región debido a las facilidades que brinda Montevideo para que los extranjeros trabajen allí.
Muchos cubanos pagan cerca de tres mil dólares a coyotes que los llevan hacia el sur desde Guyana, uno de los pocos países que no le pide visado a los cubanos en América Latina. La mayoría pasa por Brasil de manera clandestina y otros siguen su ruta a Chile, donde también se ha asentado una importante comunidad caribeña.
Carlos Alberto Madrigal, residente en Montevideo, consideró que se trata de “una gran oportunidad” para trabajar y estudiar en Uruguay.
“Busca que las personas se regularicen y trabajen en blanco, es decir, legalmente. Ayudará a muchísimos inmigrantes”, aseguró.
Grupos de cubanos en Uruguay habían realizado manifestaciones pidiendo la regularización de sus casos. En 2022 las autoridades negaron más del 86 % de las solicitudes de asilo provenientes de migrantes de la isla.
Uruguay cerró 2023 con 24.193 solicitudes de refugio pendientes de resolución. Datos de la Comisión de Refugiados indican que hasta ahora el promedio de espera para la entrevista de los solicitantes era de dos años.
"Hay tristeza en los campos de Cuba", agricultores dicen que este 17 de Mayo no hay nada que celebrar
Este 17 de mayo la provincia de Sancti Spíritus será la sede del acto nacional por el día del campesino cubano, aniversario 65 de la firma de la Ley de Reforma Agraria y 63 de la creación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).
Sobre la efemérides destaca el diario estatal Granma, “que la alegría espirituana por ser sede del acto central, conlleve el ascenso productivo que, desde todo el archipiélago, necesitan la economía y la familia cubana”.
Al respecto agricultores independientes cubanos aseguraron a Martí Noticias que no hay nada que celebrar en este aniversario del día del campesino cubano.
El líder de Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, desde Pinar del Río, describe la realidad de los agricultores cubanos tras 65 años de revolución.
“El campesino cubano ya está viviendo una enfermedad terminal, los cultivos se le pierden por falta de utensilios de trabajo. Un campesino que está viendo día a día como estos apagones no les permite regar sus cultivos y se le pierde en el campo toda la cosecha, que después que logra la cosecha no puede cargarla por la misma falta de combustible, la misma falta de transporte, no puede sacarlo del campo y se le pudre”, destacó Ajete Abascal.
Desde la cooperativa Los Cristales, en Arroyo Blanco, en Jatibonico, provincia de Sancti Spíritus, el agricultor Vladimir Ríos Cruz, aseguró que el centralismo estatal acabó con las producciones agrícolas.
“Ya hay tristeza en los campos de Cuba, obtener beneficios de lo suyo cada vez es menos, el campesino no quiere, porque sencillamente cuando produce quieren comprárselo al precio que quiere el gobierno, y el gobierno lo que hace es obstaculizar”, advirtió Ríos Cruz.
La mujer rural cubana también está llena de dificultades dijo desde Guaro, en Mayarí, provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes.
“El campesino lo único que hace es sufrir, las tierras no son de ellos, y después lo que produzcan, le exigen que se lo entreguen a ACOPIO, y a ver cuándo le pagan y la miseria que le pagan, y el que aún sigue allí pegado al surco se queja de que no tiene zapatos, que no tiene esto, que no tengo aquello, que lo que compro para recoger algo me cuesta carísimo, el campesino es un pobre esclavo”, opinó Miranda Céspedes.
Desde la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino independiente Emiliano González, mencionó otros problemas que enfrentan agricultores y ganaderos: el vandalismo y la falta de combustible.
“Hurto y sacrificio de ganado, prácticamente no hay animales de tracción para preparar la tierra, eso es todos los días cuando tú oyes una noticia que se metieron en casa de fulano, le robaron un caballo a fulano", dijo.
"Ya con la electricidad y el combustible como está, no hay regadíos y hay que esperar por la naturaleza, que llueva cuando Dios quiera, y entonces es cuando se pueda sembrar”, dijo el agricultor.
"Fue a cambiar dinero y no regresó": Habla la hija del ruso fallecido en Cuba cuyo cadáver enviaron por error a Canadá
Anna Neroeva, la hija del ruso cuyo cadáver acabó por error en Canadá, asegura que la familia aún no sabe lo que ocurrió con su padre y que el cuerpo del hombre permanece en una morgue de ese país.
"Lo más probable es que las autoridades simplemente no quieran entender lo que sucedió. En cuanto a papá, solo fue a cambiar dinero y no regresó", dijo la mujer a medios locales.
Neroeva, residente en Chelyabinsk, contó que enterraron "a la persona equivocada. Papá nunca fue devuelto". El hombre desapareció el 22 de marzo y su novia, con la que viajó a Cuba, hizo la denuncia.
“La llevaron hasta el cadáver. Según ella, el cuerpo estaba cubierto, sólo la cabeza quedó expuesta. Se lo mostraron y enseguida se la llevaron de allí. Quería armar un escándalo para descubrir qué pasó pero le dijeron que se había metido en el agua y que probablemente sufrió un infarto o se ahogó”, detalló.
En Cuba comenzaron a realizar los exámenes para determinar la causa exacta de la muerte del hombre y enviar el cuerpo a Chelyabinsk. Luego de tres semanas recibieron a otra persona.
"Estaba en estado de shock. Mis familiares me hicieron preguntas: '¿Quién es este?' Es decir, ¿por qué se ve tan diferente? Los sacerdotes me aseguraron que es normal que ocurran este tipo de cambios al embalsamar el cuerpo", detalló.
"Unos días después, la embajada de Canadá se puso en contacto con la novia de mi padre. Resultó que el cuerpo estaba en ese país", agregó.
Un error sin resolver
En abril pasado los familiares del turista canadiense Faraj Allah Jarjour, de origen sirio, contaron a la prensa de su país que el hombre había muerto durante unas vacaciones en Varadero y que, tras pagar diez mil dólares por la repatriación del cuerpo, habían recibido un cadáver equivocado.
Allah Jarjour, de 68 años, murió tras sufrir un infarto mientras se bañaba en la playa. La mala gestión hizo que el cadáver del hombre permaneciera durante unas ocho horas tirado en la arena a la espera de los trámites correspondientes.
El hombre se hospedó el 20 de marzo en el Mélia Varadero y falleció dos días después. Según la familia, no había socorristas cerca de la playa, ni personal médico en las instalaciones del hotel. Cuando recibieron el cuerpo en Canadá en el ataúd había un ruso, unos 20 años menor que Faraj.
Tras lo ocurrido el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla tuvo que pedir disculpas en la red social X a su homólga, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, por el error.
El funcionario, que calificó el hecho como un "incidente desafortunado", dijo que La Habana estaba investigando lo ocurrido.
A finales de abril, más de un mes después de la muerte, la familia del sirio confirmó que habían localizado a su padre en Rusia. No se supo más hasta ahora que Neroeva reveló otros detalles de lo ocurrido.
"Tendremos una prueba de ADN y una exhumación para enviar el cadáver a los canadienses", dijo y aclaró que su padre, desde hace dos meses, "todavía está en la morgue".
Nuevo mecanismo busca acelerar trámites migratorios para solteros en cinco ciudades de EEUU
Estados Unidos anunció el jueves un mecanismo para acelerar deportaciones de inmigrantes solteros o tramitar con mayor celeridad sus casos de asilo siempre que sean pertinentes, a través del Registro de Arribos Recientes (Recent Arrivals Docket (RA).
La medida presentada por el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, y el Fiscal General, Merrick B. Garland, está diseñada para adultos solteros que intentan cruzar irregularmente entre los puertos de entrada de la frontera sur entre México y los Estados Unidos.
El RA Docket operará en cinco ciudades: Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, donde los jueces de inmigración intentarán emitir decisiones en un marco de 180 días, aunque el tiempo para solucionar los casos seguirá sujeto a circunstancias específicas y protecciones procesales, incluido dar tiempo a los inmigrantes a buscar representación legal cuando sea necesario.
Según han explicado en un comunicado conjunto, lo que se busca es "imponer consecuencias más rápidamente, incluida la expulsión, a quienes no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos y otorgar más rápidamente alivio o protección migratoria a los no ciudadanos con reclamos válidos".
El Departamento de Justicia también presentó al Registro Federal una norma final para promover la gestión eficiente de casos y expedientes en los procedimientos de inmigración.
"Hoy, estamos instituyendo con el Departamento de Justicia un proceso para acelerar los procedimientos de asilo para que las personas que no califican para recibir ayuda puedan ser expulsadas más rápidamente y aquellos que sí califican puedan obtener protección antes", dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.
“Esta medida administrativa no sustituye los cambios radicales y muy necesarios que el proyecto de ley bipartidista del Senado produciría, pero en ausencia de una acción del Congreso haremos todo lo que podamos para hacer cumplir la ley de la manera más efectiva y desalentar la migración irregular”, agregó el cubanoamericano.
Por su parte, el Fiscal General aseguró que "los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia están comprometidos con la aplicación justa y eficiente de las leyes de inmigración y que estas medidas promoverán esa misión al ayudar a garantizar que los casos de inmigración se resuelvan con prontitud y justicia".
La declaración reconoce que el sistema migratorio estadounidense está abrumado de casos y que muchos de los extranjeros que llegan a la frontera "a menudo esperan años antes de recibir una decisión final en un procedimiento judicial de inmigración".
Además admiten que los recursos de los que disponen son insuficientes, incluidos jueces y abogados de inmigración, algo que ha impedido la resolución rápida de las reclamaciones y han extendido la duración del proceso judicial de inmigración.
El Departamento de Justicia presentó al Registro Federal la normativa Gestión eficiente de casos y expedientes en procedimientos de inmigración, que permite a los jueces de inmigración priorizar los casos que están listos para resolverse con prontitud, promover la adjudicación eficiente, expedita y justa de casos de inmigración, asignar recursos limitados de manera más eficiente y garantizar protecciones procesales para las partes en los tribunales de inmigración.
El Departamanto de Justicia y el de Seguridad Nacional están solicitando que se designen más jueces de inmigración, oficiales de asilo, personal de apoyo, y autoridades necesarias para adjudicar más rápidamente los casos.
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